La Auditoría Superior de la Federación determinó que la lucha que inició la pasada administración contra la trata de personas solo fue sido una simulación.
De acuerdo con un informe consultado por El Universal, la auditoría acusa que los gobiernos ha sido incapaces de crear políticas públicas para atender el problema.
Sostiene que la Secretaría de Gobernación, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la extinta PGR son algunas de las instituciones que incurrieron en omisiones.